Desconocidos asesinaron este martes a tiros a Aramis Arenas Bayona, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Becerril, municipio ubicado en el departamento caribeño de Cesar, denunciaron organizaciones internacionales.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia manifestó en su cuenta de Twitter que el crimen fue perpetrado en la casa del líder social, ubicada en una zona rural de Becerril.

"Lamentamos profundamente el asesinato del defensor de Derechos Humanos y presidente de JAC Aramis Arenas Bayona hoy en su finca en Cesar. Hacemos un llamado a las autoridades para la protección de la vida y la labor de las y los defensores. Llamamos también al avance de investigaciones", señaló el organismo en Twitter.

Entre tanto, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) rechazó el asesinato e instó a "las autoridades a investigar de manera oportuna, identificar y judicializar a los responsables y a reforzar la protección del liderazgo social".

Según el conteo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este año han sido asesinados 103 líderes sociales en Colombia.

De ese total, 28 fueron asesinados durante la cuarentena para combatir el coronavirus, que comenzó el pasado 25 de marzo y fue prolongada hoy por el presidente Iván Duque hasta el 31 de mayo.

Según dijo el 24 de abril la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 19 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2020 y están en verificación otras 34 posibles muertes de activistas.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también ha registrado un aumento del acoso y las amenazas contra agricultores, pueblos indígenas y afrodescendientes en Cauca, y una intensificación de los incidentes armados entre las bandas armadas y las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de la guerrilla, denunció este martes que grupos armados ilegales amenazaron a los desmovilizados y a la población de la zona de Santa Lucía, en el municipio de Ituango (noroeste), para que abandonen la región.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia informó en mayo pasado que desde noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con el Gobierno colombiano han sido asesinadas 198 personas en "proceso de reincorporación".

EFE